SANTO DOMINGO.- Opiniones encontradas ha generado en economistas la posibilidad de que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) funcionen bajo la modalidad alianza público-privada, como establece la ley.

Para el economista Antonio Ciriaco Cruz, el cambio implicaría una modificación de la tarifa, es decir, un aumento en el costo que actualmente pagan los usuarios, que es entre 15 y 20 pesos cada viaje. Sostiene, que de sentirse atraído el sector privado en estos sistemas de transporte público, podría ocasionar problemas de carácter social y político ante la necesidad de aumentar la tarifa.

Indica que no cree que el sector privado se sienta atraído, porque en estos momentos ninguno de los dos sistemas de transporte es rentables. «Si el sector privado se anima mediante una alianza público-privada, entonces eso tendría que modificar la tarifa y una modificación de tarifa del transporte en la OMSA o el Metro, implicaría un aumento y ocasionaría problemas de carácter político y social. Por lo tanto, en esas actividades no es recomendable», apunta.

Ciriaco Cruz considera que las alianzas público-privada sí son recomendables en proyectos de infraestructura a largo plazos, como la construcción de carreteras con estaciones de peajes, construcción de vías ferroviarias interconectadas con importantes puertos para dar salida a productos de exportación, así como la promoción y construcción de zonas turísticas.

Un subsidio para los necesitados

Sin embargo, el economista Miguel Collado Di Franco, estima que las alianzas público-privada son muy buenas alternativas para los gobiernos, porque permiten un aumento de los activos del Estado, menor endeudamiento y ayudan a mantener la calidad del servicio y evitar su deterioro.

Sostiene que otro beneficio es que tendrían planes de inversión a largo plazo, sacando el transporte del aspecto político, porque los gobiernos usan el tema del transporte para políticas de corto plazo.

En cuanto a la tarifa, afirma que se podrían hacer esquemas tarifarios objetivos, en el sentido de determinar los mismos en base a los costos de las empresas y que estas se hagan bajo una supervisión independiente del Estado. «Incluso, el esquema original del tarifario de las Edes (Empresa Distribuidora de Electricidad), cuando se capitalizaron, había una supervisión independiente del Estado. Si se establecieran subsidios, se deberían establecer en caso de que se requirieran, por el lado de la demanda, es decir, tu no subsidias toda la tarifa, todo el esquema tarifario del trasporte, sino solamente las personas que en verdad lo necesiten», manifestó.

Considera que en la actualidad existen distorsiones en el servicio, porque hay usuarios que tienen posibilidad de pagar un precio mayor y otros que no.

En cuanto a un aumento en el costo, explica que no necesariamente tiene que aumentar de repente, sino escalonadamente, porque la idea es tener un servicio de mayor calidad.

La idea de que la OMSA y la Opret, que maneja el Metro de Santo Domingo, pasen a ser reformadas en empresas públicas o mixtas públicas-privada, ocasionó diversas opiniones el fin de semana pasado, luego de que el director general de Alianza Público Privada, Sigmund Freund, revelara que ambos sistemas podrían ser las primeras en el país en operar bajo esta modalidad, según lo establecido en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y seguridad Vial del 2017.

Usuarios

La OMSA movilizó en 2019 alrededor 30 millones de personas, y estiman que cierren el 2020 con 9 millones 700 mil, por la situación de la pandemia. Mientras que el sistema de transporte integrado de Metro y Teleférico movilizó 105 millones de personas en el año 2019

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