Un proyecto de ley que permitiría un tercer retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones fue presentado este martes en el Parlamento chileno apenas dos semanas después de que fuera aprobado el segundo y que ya lo hayan solicitado más de 5 millones de personas.

“Estamos en una situación crítica brutal y el Gobierno no ha reaccionado, no ha hecho nada”, aseguró a los medios Pablo Maltés, jefe del equipo de la diputada opositora Pamela Jiles, quien logró la aprobación del primer retiro tras una histórica votación en el Parlamento, que contó con votos a favor del oficialismo.

Esta misma diputada presentó en octubre un proyecto similar para un segundo retiro, que fue llevado al Tribunal Constitucional por el Gobierno del conservador Sebastián Piñera.

“No hay alternativa, sería muy raro que no haya apoyo (político) transversal a un proyecto que lo que busca es resolver el problema que se nos viene en los mese subsiguientes”, agregó Maltés.

El Parlamento chileno aprobó el pasado 3 de diciembre un segundo retiro promovido por el propio Gobierno en contraposición al proyecto de Jiles, pero que gravaba con impuestos la retirada de fondos a partir de 1.5 millones de pesos (cerca de US$2,000).

El primer retiro, aprobado en julio, generó una fuerte crisis en el oficialismo chileno y ha tenido impactos positivos en el consumo, en contra de lo que vaticinó el Gobierno, que se opuso frontalmente a la medida.

Hasta octubre, ya habían solicitado el primer retiro el 94.4% de los 11 millones de afiliados al sistema y los pagos realizados por las administradoras alcanzaron los US$16,000 millones, según la Superintendencia.

Los defensores de los retiros arguyen que la pandemia está durando más de lo previsto y que la reactivación económica no termina de completarse, mientras que las voces contrarias señalan que se está hipotecando el bienestar futuro de miles de chilenos y destacan que cerca de 2 millones de personas se quedaron sin fondos con el retiro anterior.

Ideado por José Piñera, uno de los hermanos del actual mandatario, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno fue pionero en establecer la capitalización individual del trabajador y se replicó en otros países latinoamericanos.

Los fondos son gestionados por las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros en los mercados y que son muy criticadas por las bajas pensiones que otorgan.

La transición hacia un modelo más solidario y con mejores pensiones es una de las principales demandas de la ola de protestas que estallaron hace casi un año y que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

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